El día de ayer el Congreso ha terminado el despacho de la ley que crea por primera vez en nuestro país un sistema de responsabilidad penal adolescente. Sólo resta pasar por el Tribunal Constitucional y luego la promulgación y publicación de la ley, que les adjunto en su versión definitiva.
El proyecto, como recordarán, ingresó a trámite parlamentario el año 2002.
Durante la discusión legislativa se produjeron ires y venires, muy propios del tema y del momento actual.
Creemos que el texto final recoge los ejes centrales que el ejecutivo planteó en su mensaje: enfrentar el delito cometido por adolescentes pero dando oportunidades efectivas de reinserción y rehabilitación, terminando con el anacrónico y arbitrario proceso del discernimiento y poniendo a los adolescentes infractores de ley en un marco de derechos y garantías como nunca antes han tenido en nuestro ordenamiento.
Si bien los tiempos máximos de duración de las penas privativos no fueron los que planteó el Ministerio de Justicia, sí quedo claro que, básicamente, sólo se aplicarán a delitos gravísimos (delitos que para un adulto parten en 10 años y día) y que la sanción de internación en régimen cerrado sólo será aplicable a delitos que en el caso de un adulto serían de 5 años y día para arriba (crímenes) lo que nos parece se corresponde con el mandato de la Convención de usar la privación de libertad sólo en carácter de ultima ratio.
Las sanciones no privativas de libertad siguen siendo la gran apuesta del nuevo sistema. Ejecutadas por instituciones privadas colaboradas acreditadas del SENAME, han mostrado en estos años de preparación una gran creatividad y compromiso con las garantías y la reinserción. Son quizá los grandes protagonistas aún poco visibles de este nuevo esfuerzo que pretendemos desplegar.
No creo justo decir que esta ley va a penalizar a los jóvenes (del momento que ya hoy hay castigo penal bajo etiquetas de protección pero sin debido proceso ni garantías), o aumentar la criminalización. El Ministerio de Justicia ha sido enfático en señalar que con esta ley lo que, como país, conseguimos, es regular la reacción estatal ante delitos cometidos por adolescentes y, a mediano y largo plazo, reducir los delitos juveniles por la vía de la temprana interrupción de carreras delictivas.
Por delante se viene el desafío de la implementación de la ley. Estamos convencidos que en la difusión, capacitación y coordinación interinstitucional se juegan la concreción de los principios contenidos en la nueva ley. En estas tareas se necesitara contar con la colaboración y creatividad de todos.
El proyecto, como recordarán, ingresó a trámite parlamentario el año 2002.
Durante la discusión legislativa se produjeron ires y venires, muy propios del tema y del momento actual.
Creemos que el texto final recoge los ejes centrales que el ejecutivo planteó en su mensaje: enfrentar el delito cometido por adolescentes pero dando oportunidades efectivas de reinserción y rehabilitación, terminando con el anacrónico y arbitrario proceso del discernimiento y poniendo a los adolescentes infractores de ley en un marco de derechos y garantías como nunca antes han tenido en nuestro ordenamiento.
Si bien los tiempos máximos de duración de las penas privativos no fueron los que planteó el Ministerio de Justicia, sí quedo claro que, básicamente, sólo se aplicarán a delitos gravísimos (delitos que para un adulto parten en 10 años y día) y que la sanción de internación en régimen cerrado sólo será aplicable a delitos que en el caso de un adulto serían de 5 años y día para arriba (crímenes) lo que nos parece se corresponde con el mandato de la Convención de usar la privación de libertad sólo en carácter de ultima ratio.
Las sanciones no privativas de libertad siguen siendo la gran apuesta del nuevo sistema. Ejecutadas por instituciones privadas colaboradas acreditadas del SENAME, han mostrado en estos años de preparación una gran creatividad y compromiso con las garantías y la reinserción. Son quizá los grandes protagonistas aún poco visibles de este nuevo esfuerzo que pretendemos desplegar.
No creo justo decir que esta ley va a penalizar a los jóvenes (del momento que ya hoy hay castigo penal bajo etiquetas de protección pero sin debido proceso ni garantías), o aumentar la criminalización. El Ministerio de Justicia ha sido enfático en señalar que con esta ley lo que, como país, conseguimos, es regular la reacción estatal ante delitos cometidos por adolescentes y, a mediano y largo plazo, reducir los delitos juveniles por la vía de la temprana interrupción de carreras delictivas.
Por delante se viene el desafío de la implementación de la ley. Estamos convencidos que en la difusión, capacitación y coordinación interinstitucional se juegan la concreción de los principios contenidos en la nueva ley. En estas tareas se necesitara contar con la colaboración y creatividad de todos.